Hace varias semanas que saltaran todas las alarmas a raíz de la filtración de que el Ministerio de Industria preparaba para principios de julio un posible recorte del 40% en las subvenciones a la generación de energías limpias. Un mes y medio después, lejos de zanjarse, la polémica por la rebaja de primas ha derivado en una guerra sin cuartel entre los que cobran y los que se consideran perjudicados.Las eléctricas culpan a las renovables del sobrecoste en el recibo de la luz, les acusan directamente de agrandar el agujero del déficit tarifario, que sitúan en el 20%, vía primas.
También el Ejecutivo ha insinuado que la generación de régimen especial tiene parte de responsabilidad en la subida de la factura eléctrica y, tras haberse reunido con las empresas que gestionan este tipo de generación, aún no ha anunciado ninguna solución al conflicto.
Pero las “verdes” no se quedan atrás en lo que al cruce de acusaciones se refiere. La Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) ha sido la última en sacar su dedo acusador, con un informe en el que, por un lado, desmiente el sobrecoste de las renovables en la factura de la luz y, por otro, aseguran que las empresas eléctricas tradicionales están teniendo unas “sobre-retribuciones no justificadas” que engordan los costes del sistema en 4.000 ó 5.000 millones de euros al año.
Como alternativa a la rebaja de más del 40% que el Gobierno tiene intención de aplicar a las subvenciones a las fotovoltaicas, la AEF plantea como alternativa light un sistema de concursos que introduzca competencia entre los proyectos en forma de reducción a la baja de las primas. La asociación ve razonable que la subvención se reduzca a los 200 euros por megavatio/hora, un 25% menos de lo que perciben en la actualidad.
Tras negar que las renovables sean el problema del sistema eléctrico, el presidente de la AEF, Juan Laso, instó al recorte de algunos de los costes regulados que benefician a las grandes empresas eléctricas. Se refirió, en este sentido, a los llamados windfall profits, o retribuciones extraordinarias que reciben las plantas ya amortizadas, como las nucleares y las hidráulicas, que ascienden a entre 2.500 y 3.500 millones de euros al año. Otro de los recortes, según la AEF, se debería aplicar a los 1.000 millones asociados a los procedimientos de subastas de energía o la asignación de la Tarifa de Último Recurso (TUR). Asimismo, solicitó que se revisen “los costes de transición a la competencia (CTC)” recibidos por las eléctricas y “las partidas extrapeninsulares”.
FCC paraliza sus planes de inversión en renovables en España
Ante las dudas regulatorias derivadas de la inminente revisión del sistema de primas a las renovables, FCC ha decidido congelar sus planes de inversión en España, donde tenía prevista la construcción y explotación de 6 plantas termosolares. El presidente de FCC, Baldomero Falcones, echa en cara al Ejecutivo que pretenda rebajar las primas “con carácter retroactivo, porque afecta al crédito y a la credibilidad del país”. Propone que la reforma forme parte de una revisión de todo el sistema eléctrico, incluyendo también a la generación tradicional.