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Las asociaciones fotovoltaicas se ha unido para solicitar al Ministerio de Industria soluciones negociadas a la situación que vive el sector desde la entrada en vigor del Real Decreto 1578/2008, un marco regulatorio criticado por la industria fotovoltaica y al que han responsabilizado reiteradamente de paralizar la actividad.

La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) han enviado una carta conjunta al Secretario de Estado, Pedro Marín, en la que consideran “conveniente establecer un diálogo fluido y coordinado con el fin de analizar en detalle la situación del sector y habilitar soluciones negociadas”.

En la carta, a la que ha tenido acceso Energías Renovables, las tres asociaciones relatan que el año 2009 se va a cerrar “con una falta de actividad casi total en el mercado español” y estiman que aunque el Ministerio de Industria ha adjudicado 502 MW para la tecnología solar fotovoltaica es difícil que este año se superen los 100 MW instalados.

Los firmantes de la misiva hacen hincapié en una pérdida de empleo confirmada de más de 30.000 puestos de trabajo y aseguran que “el sistema de cupo ha puesto aún más en valor la obtención del pre-registro o su conjunto de licencias y permisos requeridos al efecto, en particular en el segmento de suelo”.

En opinión de APPA, ASIF y AEF el año 2010 es clave para establecer una senda de recuperación en el horizonte 2010-2020 coordinando los esfuerzos con la Directiva de la Unión Europea 2009/28/CE, que es de obligado cumplimiento. Las tres organizaciones consideran que el ajuste y mejora de la actual marco regulatorio permitiría adecuar el desarrollo de la energía solar fotovoltaica un base a “su imparable evolución tecnológica y de costes, demostrando de forma inequívoca a la sociedad la evolución positiva de esta tecnología como una fuente limpia y competitiva”.

Por todas estas consideraciones, la carta enviada Pedro Marín se sugiere la apertura de una mesa de trabajo en la que estuvieran presentes la Secretaría de Estado de Energía y las Asociaciones firmantes para diseñar una modificación de la actual regulación.