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Grupos indígenas amazónicos dan ultimátum a empresa estadunidense para que abandone su territorio.

Una organización indígena que representa a pueblos nativos que residen en una zona concesionada por el gobierno peruano para la explotación petrolera, ha dado un ultimátum a la empresa: o se retira de su territorio o será expulsada.

La empresa estatal Perupetro, encargada de otorgar las concesiones hidrocarburíferas, entregó en el 2006 a la empresa estadunidense Hunt Oil el lote 76 que se sobrepone a la Reserva Comunal Amarakaeri en el departamento de Madre de Dios, en el suroriente de la Amazonia.

El 12 de octubre, Adán Corisepa Neri, presidente del ente Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri (ECA-RCA), que agrupa a las comunidades beneficiarias de la reserva, leyó un pronunciamiento grabado en vídeo, en el que anunciaba que los grupos nativos expulsarían a Hunt Oil de su territorio si no respetaba su decisión de rechazar el proyecto.

“¿Qué más podemos hacer si la empresa no respeta nada?”, dijo.

Hunt Oil, que también forma parte del consorcio Camisea que explota un inmenso yacimiento de gas natural, del consorcio Transportadora de Gas Peruano (TgP) que maneja el gasífero y de Peru NLG, empresa formada para exportar el gas excedente, habría ofrecido construir escuelas, caminos e infraestructura básica a las comunidades locales. Pero el proyecto fue rechazado en dos asambleas realizadas en agosto y setiembre. El 11 de setiembre, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) interpuso una acción de amparo contras las operaciones de Hunt Oil y su socia, la española Repsol YPF.

Jaime Corisepa, dirigente de FENAMAD, manifestó que esperaban que “con esta acción legal la empresa paralice todo tipo de actividades en el interior de la Reserva Comunal Amarakaeri, ya que si no pondría en peligro la existencia de los pueblos indígenas de Madre de Dios”.

FENAMAD agregó que las operaciones petroleras en la reserva también violan la Convención 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece que los grupos indígenas deben ser consultados previamente sobre proyectos que los afecten.

Sin embargo, el presidente de Perupetro, Daniel Saba, en conferencia de prensa con corresponsales extranjeros el 21 de octubre, dijo que si bien la empresa que dirige respeta la consulta previa, ésta no da derecho a veto y que en caso de que exista rechazo por parte de los grupos indígenas a los proyectos, se continuaría con el diálogo para tratar de convencerlos sobre los beneficios de la explotación hidrocarburífera.

De acuerdo con la legislación peruana, sólo están prohibidas constitucionalmente las industrias extractivas en parques nacionales y santuarios. Esta prohibición no incluye a otras áreas naturales protegidas, como las reservas nacionales, refugios de vida silvestre y bosques de protección, ni tampoco las reservas comunales, como es el caso de Amarakaeri, y por lo tanto el Estado puede concesionarlas.

La explotación de petróleo, gas, madera y minería en Madre de Dios ha alarmado a ambientalistas y defensores de los pueblos indígenas, quienes afirman que el daño que provoquen será irreversible tanto para los habitantes como para el medio ambiente.

En junio murieron 34 personas en enfrentamientos entre policías y manifestantes indígenas en el norte de la Amazonia que rechazaban una serie de decretos legislativos que permitían la inversión petrolera y gasífera en sus territorios.